Tras la desaprobación de la reforma urbanística impulsada por Selci el año pasado, el oficialismo envió al Concejo un nuevo proyecto. En caso de que se hayan iniciado expedientes, otorgado permisos o realizado inversiones bajo una normativa que no tenía aprobación provincial y que ahora el Municipio dejó sin efecto, ¿quién asumirá la responsabilidad por los posibles perjuicios?
