El concejal Rafael De Francesco presentó una ampliación del recurso de apelación, en la cual según se indica en el expediente se suman argumentos y nuevas pruebas, y se reitera el pedido de tutela cautelar. Es decir, se solicita suspender el Código de Ordenamiento Urbano hasta que se dicte una sentencia firme.
De este modo, De Francesco exige auditar de punta a punta los expedientes del Concejo Deliberante, la Provincia y el Municipio. Advierte en la presentación sobre fallas ambientales, falta de infraestructura y el peligro inminente de permitir construcciones e impactos territoriales que sean de "difícil reversión" para el distrito.
La presentación en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón apunta directamente contra la administración local de Hurlingham. Se le solicita al juez que ordene al Municipio la individualización y entrega de la totalidad de los permisos de obra, certificados urbanísticos, subdivisiones de parcelas, autorizaciones, desarrollos y cambios de uso que hayan sido tramitados desde el momento exacto de la sanción de la Ordenanza 9689/25 hasta el dictado de la Resolución 406, que aprobó el COU.
Como cierre de la presentación, Rafael De Francesco elevó el petitorio formal para que se revoque el rechazo anterior y se conceda la medida cautelar solicitada para frenar el Código de inmediato.
El argumento definitivo de la demanda advierte sobre el "peligro en la demora": de acuerdo al escrito, continuar aplicando el nuevo código urbanístico mientras se tramita el juicio generará una consolidación de construcciones, loteos y situaciones habitacionales de difícil o imposible reversión, afectando de manera permanente la planificación de la ciudad.
La presentación judicial aclara que la demanda no busca frenar el crecimiento de la ciudad, sino determinar si la norma se aprobó respetando los pasos legales, si se trataron las objeciones vecinales y si los informes técnicos previos tienen validez real.
La presentación pide informes detallados a tres niveles del Estado:
Al Concejo Deliberante local: reclaman el expediente completo (HCD N.º 18476/2025) con sus seis tomos, incluyendo dictámenes, actas de comisión, versiones taquigráficas y el registro de la audiencia pública donde constan las impugnaciones vecinales.
A la Provincia de Buenos Aires y la Autoridad del Agua (ADA): auditar el expediente de convalidación y los informes ambientales. La demanda exige aclarar qué mapas y datos territoriales usó ADA y qué significa legalmente que el proyecto haya sido calificado como de "naturaleza exploratoria”.
Al Municipio de Hurlingham: Le exigen un registro de la totalidad de permisos de obra, certificados urbanísticos, desarrollos y subdivisiones de parcelas aprobados desde que se sancionó la ordenanza local hasta la convalidación provincial.
El núcleo del pedido efectuado por el concejal para reactivar la medida cautelar y frenar el código de inmediato se basa en el "peligro en la demora". La demanda advierte sobre el alcance limitado del informe ambiental del COU y recalca que cualquier aumento en la densidad de construcción debe estar estrictamente atado a la capacidad real de la infraestructura del distrito.
