Tras la convalidación del COU de Hurlingham, se interpusieron acciones judiciales vinculadas al esclarecimiento y estricto cumplimiento de las exigencias impuestas por Provincia a la reforma urbanística impulsada por el Ejecutivo municipal.
“La posición que sostenemos no depende de que Provincia haya o no convalidado el Código de Ordenamiento Urbano (COU). La Provincia lo convalidó mediante la Resolución 406/2026, pero lo hizo con exclusiones y condiciones concretas. Esto no elimina nuestro planteo judicial ni vuelve abstracta la demanda. Al contrario, ahora podemos preguntar: ¿Qué documentación y estudios tuvo a la vista Provincia? ¿Qué modificaciones fueron introducidas? ¿Qué observaciones efectuó Provincia y bajo qué condiciones otorgó la convalidación?”, plantea el concejal Rafael De Francesco, quien interpuso una acción judicial en el Tribunal de Morón, que a mediados de agosto fue elevada a la Cámara Contenciosa Administrativa de San Martín.
El planteo del concejal apunta a “que la propia Provincia estableció que los nuevos usos y subdivisiones deberán cumplir determinadas exigencias de infraestructura y servicios. Esto se relaciona con uno de los ejes de nuestra demanda: la capacidad de infraestructura, agua, cloacas, desagües, movilidad y demás servicios para sostener el crecimiento urbano.”
Agrega: “Provincia convalidó el COU, pero esa medida debe ser analizada jurídicamente, junto con todo el expediente administrativo y los antecedentes técnicos que la sustentaron. La aprobación administrativa no convierte al COU en un acto inmune al control judicial.”
En ese sentido, aclara: “La Cámara no rechazó nuestra apelación. La devolvió al juzgado exclusivamente para subsanar una cuestión formal de la presentación del 21/8. Y eso ya se subsanó.”
“La convalidación del COU requiere debate y prueba. No cierra el camino judicial, cambia el escenario y da nuevos elementos para profundizar el planteo”, afirma.
En esa línea, desde el espacio local de LLA advierten que el nuevo COU “atraviesa una situación de inestabilidad normativa y judicial. Un permiso provisorio no garantiza que un proyecto (urbanístico) continue si el régimen cambia o se suspende”.
