El conflicto en torno al Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham sumó en su turbulento periplo un nuevo capítulo. En esta ocasión, con una presentación ante la Justicia.
A través de una extensa presentación judicial de 56 páginas, el concejal de LLA Rafael De Francesco pidió invalidar por completo la ordenanza municipal y congelar de inmediato el otorgamiento de nuevos permisos de construcción y habilitaciones en el distrito.
De acuerdo al texto del expediente ingresado el jueves 6 de agosto a los tribunales de Morón, la demanda se estructura bajo una "pretensión anulatoria" y está acompañada por el pedido urgente de una medida cautelar.
En los fundamentos del escrito, se remarca que la acción judicial “excede el interés particular del actor”, posicionando el reclamo en la defensa del interés público de la comunidad de Hurlingham.
UN CONDICIONANTE PARA LA CIUDAD
El documento judicial enfatiza la trascendencia del COU como instrumento normativo que condicionará el modelo urbanístico del partido de Hurlingham y su desarrollo “durante las próximas décadas”, regulando aspectos clave como las densidades habitacionales, los indicadores constructivos y las áreas de protección ambiental.
Por este motivo, argumenta De Francesco, los procedimientos exigidos por las leyes provinciales para su aprobación no son “formalidades vacías”, sino garantías institucionales obligatorias destinadas a asegurar el sustento técnico, la transparencia y la participación ciudadana.
Esa medida, agrega el documento presentado por De Francesco en tribunales de Morón, expone la “manifiesta inestabilidad normativa” del Ejecutivo. En ese sentido, continúa la argumentación, el proceso incurre en la ilegalidad.
Asimismo, la presentación enumera severas irregularidades cometidas durante el trámite legislativo en el Concejo Deliberante, tales como la falta de intervención de las comisiones competentes, la ausencia de informes técnicos suficientes y la alteración del texto que originalmente había sido sometido a las instancias de participación ciudadana.
EL PELIGRO DE DAÑOS IRREPARABLES
La solicitud de la cautelar innovativa apunta a que el juez ordene la inmediata suspensión de los efectos del Código de Ordenamiento Urbano mientras se tramita el juicio de fondo. La defensa técnica argumenta que la función preventiva de la Justicia es “decisiva” en cuanto al ordenamiento territorial, advirtiendo que se corre el riesgo de consolidar situaciones jurídicas, ambientales, económicas y patrimoniales que, una vez firmadas, “pueden resultar prácticamente irreversibles”.
En el cierre del encabezado, la presentación no escatima en recursos legales: plantea una cuestión constitucional y hace expresa reserva del Caso Federal. Esta última figura jurídica significa una advertencia formal al juez de Morón, adelantando que la defensa está dispuesta de ser necesario a apelar el caso y llevar el conflicto urbanístico de Hurlingham hasta la Corte Suprema de la Nación.
